En el sistema federalista suizo las leyes nuevas o modificaciones significativas de leyes existentes han de someterse a un proceso democrático en el que participan no solo el parlamento sino también todas las demás partes interesadas, como los cantones, los partidos políticos, las asociaciones y los grupos de interés. Esta petición a gran escala de opiniones, argumentos y alternativas hace que los procesos de cambio legislativo sean bastante lentos; esto también se aplica a la ley de copyright.
