Nos gustaría dar las gracias a la eurodiputada Lexmann y a su equipo por participar en este boletín informativo.
1. Su país, Eslovaquia, no está entre los ocho países que participaron en el proyecto piloto, ¿le consta no obstante que hay interés en su país entre los políticos y la sociedad civil? De ser así, ¿qué esperanzas o expectativas tienen los ciudadanos eslovacos con discapacidad en relación a la tarjeta?
En mi opinión es lamentable que el gobierno eslovaco no participase en el proyecto piloto, a pesar de las numerosas peticiones que recibió para hacerlo, ni al inicio, ni luego más tarde cuando según me han dado a entender todavía hubiera sido posible hacerlo. Debido a su inactividad el gobierno eslovaco dejó pasar una oportunidad única para, con el respaldo económico de la UE, estudiar las implicaciones de esta iniciativa; aunque sé que algunos políticos (p. ej. mi amiga, la ex eurodiputada Jana Žitňanská, ya que yo no estaba en activo en aquel momento) y ONG implicadas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se esforzaron muchísimo para que el gobierno eslovaco aceptase formar parte del proyecto piloto; hubo muchos ciudadanos eslovacos con discapacidad que mostraron un claro interés por la Tarjeta Europea de Discapacidad. En lo que se refiere a sus expectativas actuales, desde que me incorporé a la vida política, no ha sido un tema del que se haya hablado mucho, ya que Eslovaquia no ha participado en el proyecto piloto, pero creo que ahora, con la publicación de la nueva Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, volverá a ser un tema candente; intentaré divulgar el proyecto y pedir a las autoridades que tomen las medidas necesarias para estar preparadas para que pueda implementarse sin demora cuando llegue el momento.
2. En su Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la Comisión anuncia para el 2023 la existencia de una tarjeta a nivel europeo, pero no da ningún detalle. Como eurodiputada implicada activamente en temas afines, ¿qué opina al respecto?
Ante todo, me complace que por fin esta iniciativa pase a formar parte del orden del día tras más de una década de espera. Sin embargo, si tenemos en cuenta que las primeras campañas tuvieron lugar en 2010, el proyecto piloto se desarrolló entre 2016 y 2018, con un periodo de evaluación que se prolonga hasta el 2019, en mi opinión esta iniciativa está llevando demasiado tiempo y podría haberse implementado antes, ya que mejora la libertad de movimiento, que al fin y al cabo es uno de los principios fundamentales de los tratados europeos. Por ello, no entiendo por qué las personas con discapacidad tienen que esperar tanto tiempo para disfrutar de esta libertad de forma plena y en igualdad; creo que esto contradice los compromisos que adquirimos a raíz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También opino que la Comisión debería comunicar sus planes en relación a esta iniciativa de forma más abierta: creo que hay políticos, organizaciones no gubernamentales e incluso gobiernos, que estarían interesados en contribuir activamente a los preparativos. Una comunicación clara ayudaría a que los ciudadanos estuvieran informados sobre lo que pueden esperar y sobre hasta qué punto esta iniciativa servirá para simplificar sus viajes y su vida cultural y deportiva.
3. En su opinión, a parte de la ampliación geográfica de aplicación, ¿qué debe tener la futura tarjeta para que suponga un avance significativo a la hora de facilitar la libertad de movimiento de las personas con discapacidad?
Al evaluar el proyecto piloto vemos que fue una buena primera fase para averiguar qué podría funcionar; sin embargo, creo y espero que la Comisión también concluya que queda mucho por reconsiderar y mejorar antes de implementar la tarjeta de discapacidad a nivel europeo. En primer lugar, si nuestro objetivo es conseguir igualdad de acceso a la cultura, el ocio y los viajes, deberíamos por lo menos establecer qué servicios básicos estarán cubiertos por la tarjeta, porque si se hace como se ha hecho en el proyecto piloto, en el que la participación de los proveedores de servicios en el programa era voluntaria, habrá países que ofrezcan una amplia gama de servicios y descuentos para los titulares de la tarjeta, mientras que la oferta en otros será mucho más limitada o inexistente. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que exista un único modelo de tarjeta que no clasifique a los titulares en base a normativas o preferencias nacionales, como era el caso en el proyecto piloto, donde existían dos tipos distintos de tarjeta con distintos beneficios.
4. Uno de los principios en los que se ha basado el proyecto piloto es en el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad del titular de la tarjeta, ¿cree que es este el enfoque adecuado?
Creo que este enfoque es imprescindible para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todo el potencial que ofrece la libertad de movimiento entre Estados miembro. En mi opinión, si un país ha reconocido la discapacidad de una persona, esto no debería ser cuestionado cuando la persona se desplaza a otros países. Esto es especialmente importante dados los muchos tipos de discapacidad existentes, muchas de las cuales no son visibles: nadie debería verse obligado a proporcionar información de índole tan personal al entrar en recintos culturales o deportivos de otros Estados miembro.
5. La legislación europea para la coordinación de los sistemas de seguridad social de los distintos países no contempla el reconocimiento mutuo de la invalidez o del grado de invalidez, a no ser que se establezca una concordancia entre las legislaciones nacionales en relación a las condiciones necesarias para determinar estas situaciones. ¿Cree que la tarjeta de discapacidad debería solventar este problema?
Por desgracia, este tema no está nada claro; hay aspectos que quedan contemplados en el reglamento para la coordinación de los sistemas de seguridad social, pero sigue existiendo confusión sobre la portabilidad de todos los derechos asociados a la condición de discapacidad con reconocimiento oficial. Sin embargo, es muy importante que contemos con una legislación clara para que no hayan dudas sobre cuáles son nuestros derechos en relación a la libertad de movimiento; por ello reivindico encarecidamente la existencia de una normativa clara. Creo que si la tarjeta de discapacidad se implementa de manera correcta y homogénea en todos los Estados miembro ésta podría suponer una solución al problema. Los aspectos claves aquí son implementación, monitorización y evaluación. Hay un comentario importante que me gustaría hacer, y es que aunque la Tarjeta Europea de Discapacidad no cambia nada en lo que se refiere a los requisitos nacionales necesarios para el reconocimiento de la discapacidad de los ciudadanos de un país, los Estados miembro deberían intercambiar información sobre mejores prácticas y evaluar sus sistemas nacionales para que sean abiertos, flexibles y sin cargas administrativas innecesarias para que las personas con discapacidad puedan recibir un reconocimiento oficial.
6. La Comisión está considerando la conexión con la Tarjeta Europea de Aparcamiento para Personas con Discapacidad, ¿cree que es una buena idea?
Las soluciones deben ser simples. Conectar dos tarjetas en una, siempre que cubran un ámbito más amplio, desde el reconocimiento de la discapacidad al acceso a servicios, podría simplificar los procesos y los viajes para las personas con discapacidad. Un formato de tarjeta unificado podría garantizar la igualdad de acceso a servicios en todos los países; también será más sencillo para los titulares, ya que tendrán que llevar un documento en vez de dos. Puede que no todas las personas tengan derecho a la tarjeta de aparcamiento, que está asociada a la movilidad reducida, pero creo que con las herramientas digitales de las que disponemos en la actualidad podemos diseñar la tarjeta de tal forma que sea un certificado armonizado y reconocido que permita distintas posibilidades, que con solo escanear un código, o por medio de otra herramienta digital, se pueda comprobar de manera sencilla a qué ventajas puede acceder cada titular. Creo que si tenemos estas herramientas digitales debemos utilizarlas para el bien de todos, por supuesto garantizando la privacidad y la protección de datos de los usuarios.